Esta línea es fundamental para proteger los derechos de las familias de las personas con discapacidad.

Ha consistido en la asesoría legal por parte de un abogado, integrante de la fundación, que ha velado y garantizado que por medio de tutelas, derechos de petición y demás herramientas constitucionales, se garanticen los derechos de las personas con discapacidad. Estos procesos están relacionados sobre todo con las EPS.